El documento discute los argumentos utilizados para justificar la reforma de las pensiones en España, que incluye retrasar la edad de jubilación a 67 años, exigir más años cotizados y aumentar los años considerados para calcular las pensiones. Señala que estas medidas perjudicarán a los más vulnerables y que los verdaderos motivos son desmantelar el sistema público para beneficiar a la banca y empresas.